Daños y perjuicios en España: concepto y reclamación

En el ordenamiento jurídico español, los daños y perjuicios se entienden como la compensación económica que recibe una persona que ha sufrido un daño causado por otra, ya sea de forma intencionada o negligente. Esta reparación se fundamenta en el principio de responsabilidad civil, regulado principalmente en el Código Civil, que establece la obligación de quien causa un daño de resarcirlo para restaurar, en la medida de lo posible, la situación anterior al hecho lesivo.

El concepto incluye tanto el daño emergente, que es la pérdida efectiva sufrida, como el lucro cesante, que se refiere al beneficio que el perjudicado deja de obtener a consecuencia del daño.

Por ejemplo, si un vehículo es dañado en un accidente, el coste de la reparación sería daño emergente, mientras que el lucro cesante podría ser el importe dejado de ganar por no poder usar el coche para su actividad profesional.

La responsabilidad civil puede derivarse de incumplimientos contractuales, actos ilícitos o incluso riesgos creados por actividades específicas. La jurisprudencia, especialmente del Tribunal Supremo, matiza la aplicación y extensión de esta responsabilidad, sin que necesariamente requiera un daño patrimonial directo, siempre que exista un nexo causal claro y un daño efectivo que pueda acreditarse.

El marco legal aplicable a los daños y perjuicios en España se fundamenta principalmente en el Código Civil, que regula la responsabilidad civil por actos u omisiones que causan un daño a terceros. Esta normativa establece que quien cause un perjuicio injusto a otro está obligado a repararlo, tratando de restaurar la situación anterior al daño mediante una indemnización económica o la restitución de bienes.

Además, la responsabilidad puede ser extracontractual, derivada de un hecho ilícito inevitable, o contractual, cuando el incumplimiento afecta a obligaciones establecidas entre las partes.

Este régimen general se complementa con normas específicas que desarrollan particularidades según el sector o materia, como el Derecho laboral, el Derecho mercantil o la legislación sobre protección al consumidor. Por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores contempla daños derivados del incumplimiento en las relaciones laborales, mientras que leyes sectoriales regulan el impacto de daños en los contratos de compraventa o servicios.

Principios y criterios para la reclamación

Para que una reclamación de daños y perjuicios prospere, se requiere acreditar:

• La existencia de un daño efectivo, que puede ser material o moral.
• La responsabilidad o culpa del causante del daño.
• El nexo causal directo entre la acción u omisión y el perjuicio ocasionado.

El Tribunal Supremo ha puntualizado en su jurisprudencia la importancia de la proporcionalidad entre el daño reclamado y la reparación solicitada, evitando indemnizaciones excesivas que distorsionen el equilibrio legal. Asimismo, el Código Civil fija ciertos plazos de prescripción para demandar daños, generalmente de un año en responsabilidad extracontractual, y de cinco en responsabilidad contractual.

Requisitos para la procedencia de la reclamación

Para que una reclamación por daños y perjuicios prospere, es imprescindible acreditar tres elementos fundamentales: la existencia de un daño efectivo, la conducta causante del daño y el nexo causal entre ambas. Estos requisitos derivan de la regulación general del artículo 1902 del Código Civil, base del régimen de responsabilidad civil extracontractual en España.

• Daño efectivo: debe demostrarse que la víctima ha sufrido una lesión en su patrimonio, integridad física, moral o bienes jurídicos protegidos. No se admiten daños hipotéticos ni riesgos futuros no materializados.
• Conducta imputable: la acción u omisión del responsable debe ser culposa o dolosa, salvo excepciones legales o responsabilidad objetiva.

  La culpa implica negligencia, imprudencia o incumplimiento de un deber.

• Nexo causal: se requiere relación directa y adecuada de causa y efecto entre la conducta y el daño sufrido. La ausencia de conexión invalidaría la reclamación.

Aspectos prácticos y doctrinales

La doctrina jurídica enfatiza que el daño debe ser concreto y evaluable económicamente, aunque en determinados casos —como en daños morales— la cuantificación exige criterios prudenciales. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha aclarado que la imputabilidad no solo vincula a personas físicas sino también a entidades, administraciones y terceros responsables solidarios, ampliando el ámbito de reclamación.

Asimismo, existen situaciones particulares donde la ley establece responsabilidad objetiva, como ocurre en accidentes de circulación o en daños causados por actividades peligrosas, lo que modifica el análisis sobre la culpa.

Es habitual que para fundamentar la reclamación se recurran a informes periciales que acrediten el daño y su valoración económica, así como a documentos probatorios que acrediten la conducta dañosa y su relación con el perjuicio.

En la legislación española, la indemnización por daños y perjuicios cubre una variedad de daños que el responsable debe resarcir a la persona afectada. Estos daños se clasifican principalmente en daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales, según su naturaleza y repercusión económica.

Los daños patrimoniales consisten en las pérdidas económicas directas o la privación de beneficios esperados.

Dentro de esta categoría se incluyen:

• Daños emergentes: el coste efectivo que ha supuesto la reparación o la compensación de un bien o situación dañada.
• Lucro cesante: la ganancia que se dejó de percibir a causa del daño.

Por ejemplo, si un accidente de tráfico provoca la rotura de un vehículo y la pérdida de ingresos por no poder usarlo en una actividad profesional, ambos conceptos serían subsumibles en daños patrimoniales.

Los daños extrapatrimoniales son aquellos que no tienen una repercusión económica directa pero afectan al ámbito personal o moral. Se valoran en casos de lesiones físicas, daño moral, sufrimiento, pérdida de calidad de vida o, en derecho de familia, afectaciones como la ruptura de convivencia o la pérdida de filiación.

La regulación básica sobre indemnización se encuentra en el Código Civil, que establece el principio de reparación integral, y en normas especiales como la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, o la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a procedimiento. La jurisprudencia complementa esta normativa, definiendo criterios para cuantificar estos daños y reconocer nuevas formas de perjuicio no expresamente previstas en la ley.

Inicio y requisitos del procedimiento

La reclamación de daños y perjuicios en España se inicia generalmente mediante una demanda civil dirigida al juzgado competente, conforme a lo previsto en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para que la reclamación prospere, el demandante debe acreditar la existencia de un daño, la relación de causalidad entre el hecho y el perjuicio y la imputabilidad al responsable del daño.

Este procedimiento puede ejercitarse tanto en el ámbito extracontractual —por ejemplo, en casos de responsabilidad civil por daños causados en un accidente— como en el contractual, cuando se incumple una obligación que genera un perjuicio económico.

La reclamación debe contener una descripción clara de los hechos, la cuantificación económica del perjuicio y la fundamentación jurídica que sustente la responsabilidad.

Desarrollo y fases procesales

Una vez presentada la demanda, el juzgado notifica al demandado, quien puede presentar oposición o aceptar la reclamación. En caso de discrepancia, el proceso puede avanzar hacia la fase probatoria, donde las partes aportan pruebas documentales, testificales o periciales para demostrar la existencia y cuantía del daño.

• Alegaciones iniciales: Exposición de argumentos jurídicos y fácticos por ambas partes.
• Pruebas: Presentación y práctica de pruebas mediante peritos, documentos o testimonios.
• Vista oral: Audiencia donde se exponen las pruebas y se plantean interrogatorios.
• Sentencia: Resolución judicial que cuantifica y, en su caso, condena al pago de indemnizaciones.

Es importante señalar que en determinados casos, como responsabilidad civil derivada de delitos, la reclamación puede integrarse en el proceso penal o derivarse de él.

Aspectos prácticos y consejos

Para facilitar la reclamación, es recomendable contar con un adecuado asesoramiento jurídico y conservar toda la documentación que pruebe el daño sufrido, incluyendo facturas, informes médicos o periciales. Además, el plazo para interponer la demanda varía según la naturaleza del daño: en responsabilidad civil extracontractual suele ser de un año desde el conocimiento del perjuicio, mientras que en dimensiones contractuales puede extenderse hasta cinco años conforme a la regulación vigente.

El respeto a estos plazos es esencial para asegurar el ejercicio del derecho a reclamar, evitando la prescripción del derecho a la indemnización.

Criterios generales para la cuantificación de la indemnización

La cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios en España se basa, fundamentalmente, en la reparación integral. Este principio, recogido en el Código Civil, busca restituir al perjudicado en la situación en la que se hallaría si el daño no se hubiese producido.

Para ello, se valoran tanto los daños materiales directos como los perjuicios económicos y morales derivados del hecho dañoso.

Entre los criterios esenciales que se consideran para determinar el importe indemnizatorio se incluyen:

• Daños emergentes, que comprenden los gastos ya efectuados o pérdidas patrimoniales inmediatas producidas.
• Lucro cesante, referido a las ganancias que el perjudicado habría obtenido si no se hubiera producido el daño.
• Daño moral, cuyo reconocimiento y cuantificación se realiza en función de las circunstancias personales y el sufrimiento causado.

Además, la valoración debe ajustarse a la prueba aportada y a los criterios jurisprudenciales que exigen una relación directa y cierta entre el daño y la conducta causante.

Factores específicos y marco normativo

La fijación de la indemnización tiene en cuenta la naturaleza del daño y el sujeto afectado. Por ejemplo, en el ámbito del daño corporal, se aplican baremos específicos que reflejan la gravedad y secuelas, mientras que en el ámbito contractual se examinan las pérdidas efectivamente demostradas.

La doctrina del Tribunal Supremo ha destacado también la importancia de la responsabilidad civil subjetiva, exigiendo que la indemnización refleje una valoración objetiva pero adaptada al contexto concreto. La legislación especial, como la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aporta criterios particulares para ciertos daños, integrándose con el marco general del Código Civil.

• Existencia de nexo causal directo.
• Previsible o no del daño en el momento de la acción u omisión.
• Proporcionalidad entre daño y cuantía reclamada.
• Prueba suficiente y adecuada.

Este listado garantiza que, pese a la flexibilidad, la cuantificación sea objetiva y ajustada a derecho, evitando indemnizaciones arbitrarias o excesivas.

En España, las reclamaciones por daños y perjuicios han tenido resultados exitosos en diversos ámbitos jurídicos, lo que evidencia la efectividad del procedimiento cuando se fundamenta en una base sólida de hechos y derecho. Por ejemplo, en el ámbito civil, una reclamación habitual se produce en accidentes de tráfico donde la víctima busca la reparación integral del daño sufrido.

En estos casos, la aplicación coordinada del Código Civil y la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor garantiza la reparación tanto del daño material como moral.

Otro supuesto frecuente impacta el derecho de familia, donde los progenitores demandan indemnización por daños emocionales derivados de incumplimientos graves en el régimen de visitas. Aunque aquí es más complejo cuantificar el perjuicio, los tribunales suelen considerar aportaciones probatorias detalladas y dictámenes periciales psicológicos para fundamentar la reclamación.

• Daños por incumplimiento contractual en arrendamientos: inquilinos que demuestran negligencia del arrendador en mantenimiento o entrega de la vivienda logran resarcimiento.
• Reclamaciones laborales: empleados que sufren despido improcedente o vulneración de derechos consiguen indemnizaciones por daños morales y materiales tras juicio ordinario.
• Responsabilidad médica: los pacientes que acreditan un daño causado por mala praxis médica reciben reparación económica conforme a sentencias de tribunales superiores y doctrina consolidada.

Este abanico de ejemplos revela la importancia de documentar adecuadamente el daño y la relación causal con la conducta ilícita o incumplimiento, requisitos imprescindibles en toda reclamación. También muestra que la asesoría legal especializada y la presentación de pruebas idóneas son decisivas para conseguir sentencias favorables.