Proceso monitorio europeo: cuándo puede utilizarse para una deuda transfronteriza con conexión con España

Respuesta práctica: cuándo puede utilizarse

El proceso monitorio europeo puede utilizarse ante un órgano jurisdiccional español para reclamar una deuda dineraria civil o mercantil, determinada o determinable, vencida y exigible, cuando el asunto sea transfronterizo conforme al Reglamento (CE) n.º 1896/2006 y España tenga competencia judicial internacional.

No basta con que el contrato, una factura o un pago tengan alguna relación económica con España. Debe comprobarse separadamente si los tribunales españoles pueden conocer del litigio conforme al Reglamento (UE) n.º 1215/2012, conocido como Bruselas I bis, u otro instrumento aplicable.

Requisitos que deben comprobarse

• Debe existir una deuda dineraria civil o mercantil, determinada o determinable, vencida y exigible.
• El litigio debe ser transfronterizo conforme a la definición autónoma del Reglamento.
• La materia no puede estar excluida del procedimiento europeo.
• El Estado español y el órgano jurisdiccional elegido deben tener competencia internacional y territorial.
• Debe existir una dirección que permita intentar una notificación válida al demandado.
• La solicitud debe describir suficientemente a las partes, el origen del crédito, su importe, vencimiento y exigibilidad.

El procedimiento está pensado para créditos que inicialmente no se discuten mediante oposición. El demandado conserva, no obstante, la posibilidad de oponerse dentro del plazo reglamentario.

Qué significa que el asunto sea transfronterizo

Existe un asunto transfronterizo cuando al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se presenta la solicitud. Esta circunstancia se valora en el momento de presentar la petición y deben comprobarse también las exclusiones del Reglamento.

Por ejemplo, si se solicita el procedimiento ante un juzgado español y el demandado está domiciliado o reside habitualmente en otro Estado miembro, puede concurrir el elemento transfronterizo. Eso no demuestra por sí solo que España tenga competencia internacional.

El domicilio y la residencia habitual pueden ser decisivos. Puede consultarse también la guía sobre domicilio y residencia habitual en conflictos internacionales.

Materias incluidas y excluidas

El Reglamento se aplica a materias civiles y mercantiles. Quedan fuera, entre otras, las materias fiscales, aduaneras y administrativas, la insolvencia, la seguridad social, el arbitraje, determinadas obligaciones de alimentos familiares y las sucesiones.

La denominación que las partes den a la relación no decide por sí sola su calificación. También debe comprobarse si existe un reglamento europeo o un convenio internacional especial que resulte aplicable.

La competencia de España debe comprobarse antes de usar el formulario

La competencia internacional debe examinarse conforme a Bruselas I bis cuando sea aplicable, u otro instrumento pertinente. Pueden ser relevantes el domicilio del demandado, el lugar de cumplimiento contractual, una cláusula de elección de foro, un fuero exclusivo o las reglas protectoras de consumidores.

Si interviene un consumidor, no debe asumirse que una cláusula permite demandarlo en España. Han de comprobarse los fueros protectores y, en contratos entre empresario o profesional y consumidor o usuario, el posible control de cláusulas abusivas.

En España, la instancia del proceso monitorio europeo corresponde al Juzgado de Primera Instancia. La competencia territorial debe coordinar las reglas europeas con la legislación procesal española.

Para procedimientos iniciados, con carácter general, desde el 10 de enero de 2015, Bruselas I bis es el marco europeo de referencia. Los procedimientos anteriores pueden requerir un análisis transitorio específico.

Cómo se presenta la solicitud

La petición se formula mediante el formulario A. Debe incluir información suficiente sobre las partes y sobre el crédito, incluida su causa u origen, importe, vencimiento y exigibilidad. También permite indicar qué debe ocurrir si el demandado se opone.

Como regla especial en España, no es necesario adjuntar documentación con la petición inicial. Conviene conservar y ordenar el contrato, las facturas, las comunicaciones y la prueba del vencimiento y de la exigibilidad para una eventual fase contradictoria.

En una reclamación derivada de un contrato entre empresario o profesional y consumidor o usuario, el órgano judicial puede solicitar documentación para controlar de oficio la posible existencia de cláusulas abusivas.

Tramitación ante el órgano español

1. Comprobar el ámbito. Identifique los domicilios o residencias habituales, la materia de la deuda y el Estado ante cuyos tribunales se pretende actuar.
2. Verificar la competencia. Analice el fuero internacional y los posibles límites derivados de una cláusula de jurisdicción, un consumidor o una materia especial.
3. Presentar el formulario A. Incluya los datos esenciales de las partes y del crédito y la opción sobre la continuación del litigio en caso de oposición.
4. Atender una subsanación o propuesta parcial. El órgano puede pedir que se complete o rectifique la petición mediante el formulario B. Si solo parte de la reclamación cumple los requisitos, puede proponer un requerimiento parcial mediante el formulario C.
5. Expedición. Si procede, en España el requerimiento se expide mediante decreto en un plazo máximo de treinta días desde la presentación, sin contar el tiempo empleado para completar, rectificar o modificar la petición.
6. Notificación y respuesta. El demandado puede oponerse mediante el formulario F dentro de los treinta días siguientes a la notificación. La regularidad de la notificación es esencial.

La desestimación de la petición se adopta mediante auto y, conforme a la regulación española aplicable al procedimiento, no es susceptible de recurso.

Qué ocurre si el demandado se opone

La oposición presentada dentro de plazo impide que el requerimiento se convierta automáticamente en título ejecutivo. El litigio puede continuar ante el órgano competente conforme al procedimiento nacional o europeo que corresponda, salvo que el solicitante hubiera indicado que debía terminar si se producía oposición.

La oposición no corrige una falta inicial de competencia internacional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha precisado que oponerse no implica por sí solo que el demandado acepte tácitamente la jurisdicción de los tribunales del Estado de origen.

En la fase contradictoria pueden ser relevantes el contrato, la ley aplicable al fondo, la prueba de la deuda y las excepciones del demandado. El monitorio europeo no determina por sí mismo qué ley rige el contrato. Puede consultarse la guía sobre elección de ley aplicable en un contrato internacional.

Qué ocurre si no hay oposición

Si no se formula oposición dentro de plazo y la deuda no se ha pagado, el Letrado o Letrada de la Administración de Justicia declara ejecutivo el requerimiento mediante decreto y formulario G.

El requerimiento ejecutivo puede hacerse valer en otro Estado miembro sin declaración de ejecutividad o exequátur. La ejecución se rige por la ley del Estado en el que se pretende ejecutar y puede quedar sometida a motivos de denegación, limitación, suspensión o garantía previstos por el Reglamento y por esa ley nacional.

Como regla general, para ejecutar en España un requerimiento expedido en otro Estado miembro es competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado. Debe aportarse el requerimiento con fuerza ejecutiva y, cuando proceda, una traducción oficial al castellano o a la lengua oficial de la comunidad autónoma donde se practiquen las actuaciones. Si el domicilio no es conocido o concurren circunstancias territoriales especiales, deben hacerse las comprobaciones adicionales previstas por la normativa aplicable.

Notificación defectuosa y revisión excepcional

La notificación transfronteriza puede requerir la coordinación con el Reglamento (UE) 2020/1784 sobre traslado de documentos judiciales y extrajudiciales. Una comunicación defectuosa puede afectar al inicio del plazo de oposición y a la ejecutividad del requerimiento.

La revisión excepcional del artículo 20 del Reglamento 1896/2006 tiene supuestos limitados y no sustituye a la oposición ordinaria. El TJUE ha señalado que no puede aplicarse por analogía cuando el requerimiento no fue notificado conforme a los estándares mínimos del Reglamento; en ese caso deben existir vías de tutela conforme al Derecho nacional para cuestionar la ejecutividad.

Costes, cuantía y relación con otros procedimientos

El Reglamento 1896/2006 no fija un límite máximo general de cuantía para el proceso monitorio europeo. Debe distinguirse del proceso europeo de escasa cuantía, que tiene reglas propias.

Pueden existir gastos de notificación, traducción, representación y ejecución según el Estado implicado y las actuaciones necesarias. La oposición puede generar costes propios de la fase contradictoria posterior.

La Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional tiene carácter subsidiario: no desplaza los reglamentos de la Unión Europea ni los tratados internacionales cuando estos regulan el aspecto concreto del caso.

Datos que pueden cambiar la respuesta

• El país de domicilio o residencia habitual de acreedor y deudor.
• El Estado donde se presenta la solicitud y aquel donde se pretende ejecutar.
• La fecha de inicio y el régimen temporal aplicable.
• La naturaleza de la deuda y la posible aplicación de una norma sectorial especial.
• La existencia de una cláusula de elección de foro.
• La condición de consumidor y el contenido de las cláusulas contractuales.
• La posibilidad de practicar una notificación válida.
• La ley aplicable al fondo, la prescripción, el contrato y la prueba disponible si surge oposición.

Esta es información general sobre el procedimiento. La procedencia concreta requiere contrastar esos datos antes de elegir el órgano y la vía procesal.