¿El juez aplica la prescripción de oficio o hay que alegarla en España?

Respuesta práctica: no basta con que el tiempo haya pasado

El Código Civil común establece que las acciones prescriben por el transcurso del tiempo fijado por la ley. Sin embargo, en el proceso civil la prescripción extintiva se trata como una excepción material: debe introducirla la parte que quiere obtener ese efecto, habitualmente la demandada.

Esto importa porque el tribunal civil resuelve dentro de las pretensiones y cuestiones planteadas oportunamente por las partes. Si la prescripción no se alega en el momento debido, el tribunal no debería incorporarla por iniciativa propia como una defensa no debatida.

Esta es una explicación general del régimen civil común. No permite concluir que una reclamación concreta esté prescrita: antes hay que identificar la acción ejercitada, su plazo, la fecha inicial del cómputo y los actos que puedan haberlo afectado.

¿En qué momento debe alegarse?

En el juicio declarativo, el momento ordinario para que la parte demandada oponga la prescripción es la contestación a la demanda. La alegación debe ser expresa y comprensible; conviene identificar la acción ejercitada, el plazo que se considera aplicable y los hechos en los que se basa el cálculo.

En el juicio ordinario, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé un plazo de veinte días para contestar. El plazo concreto y la forma de emplazamiento pueden variar según el procedimiento, por lo que no debe confundirse este plazo procesal con el plazo sustantivo de prescripción.

La apelación no es, en general, una vía para añadir por primera vez la excepción de prescripción. En cambio, si se alegó y fue resuelta en primera instancia, su examen puede formar parte del recurso dentro de sus límites.

Qué debe alegar y probar quien invoca la prescripción

No suele ser suficiente afirmar que la deuda o la acción es antigua. Cuando los hechos son controvertidos, quien invoca la prescripción debe sostener los hechos impeditivos, extintivos o enervantes en los que funda su excepción. En la práctica, resulta relevante ordenar al menos estas cuestiones:

1. Identificar la acción ejercitada y la norma que determina su plazo de prescripción.
2. Precisar desde qué fecha pudo ejercitarse la acción o exigirse el cumplimiento.
3. Explicar el transcurso del plazo que se invoca.
4. Analizar si hubo una reclamación judicial o extrajudicial, un reconocimiento de deuda u otro hecho que pueda afectar al cómputo.
5. Aportar o proponer prueba sobre las fechas y comunicaciones relevantes si la otra parte las discute.

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde al demandado —o al actor reconvenido— probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos constitutivos de la pretensión, sin perjuicio de una norma especial y de la disponibilidad o facilidad probatoria en el caso.

Pueden ser útiles el contrato, las facturas, la documentación que fije la exigibilidad o el incumplimiento, los requerimientos con constancia de recepción, los reconocimientos de deuda, los pagos parciales y los escritos judiciales previos.

Interrupción, renuncia y cálculo del plazo

En el Código Civil común, la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor o por un acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Que un acto concreto produzca ese efecto depende de la acción, del contenido de la comunicación, de su conocimiento y de la normativa aplicable.

Por eso, una fecha de vencimiento o de incumplimiento no resuelve por sí sola el caso. También pueden ser decisivas la exigibilidad de la obligación, una reclamación previa, un reconocimiento, las reglas especiales o las reglas transitorias aplicables.

Como regla común supletoria, las acciones personales sin plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento. No es un plazo universal: existen acciones con plazos especiales, normas sectoriales y regímenes civiles territoriales propios.

Además, el Código Civil permite renunciar a una prescripción ya ganada, incluso tácitamente mediante actos que revelen el abandono del derecho adquirido. Los acreedores y otras personas con interés jurídico pueden hacer valer la prescripción frente a la renuncia del deudor o propietario en los términos legales.

Prescripción, caducidad y otros regímenes: no son lo mismo

La respuesta anterior se refiere a la prescripción extintiva civil. No debe trasladarse automáticamente a la caducidad, a la prescripción adquisitiva o usucapión, ni a materias con una regulación propia. La calificación correcta de la acción y del plazo puede cambiar tanto el modo de alegarlo como el efecto del transcurso del tiempo.

También debe comprobarse si resulta aplicable Derecho civil autonómico o foral. El Código civil de Cataluña regula expresamente que el efecto extintivo de la prescripción se produce una vez alegada y apreciada. Navarra cuenta igualmente con un régimen foral propio sobre prescripción extintiva, cómputo, plazos e interrupción. Por ello, no debe aplicarse de forma automática el Código Civil común solo porque el litigio se tramite ante un juzgado civil.

Para una visión comparativa, puede consultarse la guía sobre diferencias entre prescripción y caducidad.

¿Afecta la negociación previa a esta excepción?

La Ley Orgánica 1/2025 establece, con carácter general y con excepciones, un requisito de actividad negociadora previa en el ámbito civil. Esa exigencia debe comprobarse separadamente antes de presentar una demanda cuando resulte aplicable.

La negociación previa no sustituye la necesidad de alegar la prescripción como excepción material en el proceso ni convierte por sí misma la prescripción en una cuestión que el juzgado deba apreciar de oficio.