Qué tribunal es competente para una demanda civil en España

La comprobación práctica: cuatro preguntas, en orden

1. Identificar la pretensión. Hay que concretar qué se pide y qué tipo de proceso se pretende iniciar. La materia y la acción ejercitada, no solo el relato de los hechos, pueden determinar el orden jurisdiccional y la especialidad aplicable.
2. Determinar la competencia objetiva. Debe comprobarse si corresponde a una Sección Civil o a una Sección especializada, como la de Familia, Infancia y Capacidad, la de lo Mercantil o, cuando concurran sus presupuestos legales, la de Violencia sobre la Mujer.
3. Aplicar la competencia territorial. Primero se revisan los fueros especiales que puedan ser imperativos. Si no opera uno, se aplica la regla general del domicilio de la parte demandada y las reglas específicas para personas jurídicas, acumulación de acciones, pluralidad de demandados o sumisión válida.
4. Distinguir competencia y reparto. Una vez fijada la circunscripción y la clase de Sección, el reparto interno asigna el asunto. Las partes no eligen un número concreto de tribunal o una plaza judicial entre órganos de la misma clase.

La competencia debe estar atribuida por una norma con rango de ley anterior a la iniciación del procedimiento. Por ello, el nombre actual del órgano no sustituye el análisis de la acción ejercitada ni de las reglas legales aplicables.

Competencia objetiva: qué Sección puede conocer del asunto

Con carácter general, hay un Tribunal de Instancia en cada partido judicial. Sus Secciones Civiles, o las Secciones Civiles y de Instrucción Únicas donde exista esa organización, conocen en primera instancia de los asuntos civiles que la ley no atribuye a otro órgano.

Sin embargo, no basta con afirmar que el conflicto es “civil”. La materia puede desplazar el asunto:

• Asuntos civiles ordinarios: normalmente corresponden a la Sección Civil o a la Sección Civil y de Instrucción Única territorialmente competente.
• Familia, infancia y capacidad: si existe una Sección de Familia, Infancia y Capacidad, conoce de las materias que le atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si no existe, la competencia puede corresponder a la Sección Civil o a la Sección Única conforme a la organización aplicable.
• Materias mercantiles: pueden corresponder a la Sección de lo Mercantil. Con carácter general, estas Secciones tienen sede en la capital de provincia y jurisdicción provincial, con las excepciones previstas legalmente.
• Materias legalmente especializadas: la concurrencia de violencia sobre la mujer u otros supuestos específicamente atribuidos por ley puede desplazar el conocimiento de la vía civil ordinaria.

La denominación actual es la de Tribunal de Instancia y sus Secciones. Para una presentación concreta conviene confirmar la sede, la Sección y la organización vigente en el partido judicial correspondiente, pues la implantación de oficinas y servicios puede presentar particularidades locales.

Competencia territorial: dónde debe presentarse la demanda

La regla territorial general para una persona física es el tribunal de su domicilio. Si no tiene domicilio en España, se atiende a su residencia en España. Esta regla es subsidiaria: antes deben analizarse los fueros especiales previstos para la acción concreta y, si existe un elemento extranjero, las normas de competencia judicial internacional que correspondan.

Fueros especiales antes que el domicilio general

El artículo 52 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece fueros especiales en materias como acciones reales sobre inmuebles, arrendamientos de inmuebles, daños derivados de la circulación, derechos fundamentales, seguros, consumo, propiedad intelectual e impugnación de acuerdos sociales, entre otras. El fuero aplicable debe verificarse atendiendo a la pretensión formulada, porque los distintos apartados no tienen el mismo alcance ni son intercambiables.

Así, en una controversia sobre un inmueble, su ubicación puede resultar relevante; en una demanda por una relación societaria o por una materia con regulación específica, la regla territorial puede ser distinta de la del domicilio del demandado. No es seguro trasladar automáticamente el fuero de un tipo de acción a otro aunque las partes mantengan la misma relación contractual.

Si la parte demandada es una empresa u otra persona jurídica

Las personas jurídicas pueden ser demandadas en el lugar de su domicilio. También cabe demandarlas en el lugar donde haya nacido o deba surtir efectos la relación jurídica cuando allí tengan un establecimiento abierto al público o un representante autorizado. Esa segunda posibilidad exige que concurran sus requisitos legales.

Varias acciones o varios demandados

Cuando se ejercitan varias acciones conjuntamente y la acumulación es admisible, la competencia territorial se determina por la acción que fundamenta las demás. Si no puede identificarse, se atiende al lugar correspondiente al mayor número de acciones y, en último término, a la acción cuantitativamente más importante.

Si se demanda a varias personas y existen varios tribunales territorialmente competentes conforme a las reglas legales, quien demanda puede elegir uno de ellos. Esta posibilidad requiere que la pluralidad de demandados y la acumulación sean procesalmente admisibles.

Para profundizar en el lugar de presentación, puede consultarse la guía sobre competencia territorial en una demanda civil y el supuesto en que el demandado vive en un lugar distinto del contrato o del bien discutido.

¿Puede un contrato elegir los tribunales?

Las reglas territoriales son, en principio, dispositivas cuando no existe un fuero imperativo. En esos casos puede operar la sumisión expresa o tácita, con los límites legales.

La sumisión expresa exige designar con precisión la circunscripción cuyos tribunales conocerán del asunto. La sumisión tácita puede producirse por la presentación de la demanda o por actuaciones de la parte demandada distintas de la declinatoria; también puede derivarse de no plantear la declinatoria dentro del plazo aplicable.

La sumisión no es válida si contradice un fuero imperativo. Tampoco lo es en contratos de adhesión o condiciones generales impuestas, en contratos celebrados con consumidores o usuarios, ni si pretende atribuir el asunto a un tribunal sin competencia objetiva. Además, en los asuntos que deban tramitarse por juicio verbal no es válida la sumisión expresa ni la tácita.

Un pacto de sumisión designa una circunscripción, pero no permite seleccionar un órgano concreto entre los varios que puedan existir en ella. El reparto es una cuestión interna de la organización judicial. Para analizar el alcance de una cláusula concreta, consulte cuándo puede ser válido un pacto de sumisión a tribunales.

Qué ocurre si la demanda se presenta ante un tribunal incorrecto

La respuesta depende del tipo de competencia afectada y de si la regla territorial era imperativa o dispositiva. Cuando la competencia territorial esté fijada por reglas imperativas, la oficina judicial debe examinarla de oficio tras la presentación de la demanda. Cuando proceda, se da audiencia al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, y la decisión se adopta mediante auto.

La parte demandada puede denunciar la falta de jurisdicción o de competencia mediante declinatoria. Como regla general, debe presentarla dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda. Su presentación suspende el plazo para contestar y el curso del procedimiento principal hasta que se resuelva, sin perjuicio de actuaciones urgentes de aseguramiento de prueba o medidas cautelares.

Si se estima una declinatoria territorial, el tribunal se inhibe y remite las actuaciones al órgano competente; las partes son emplazadas para comparecer ante este en el plazo legal de diez días. En las reglas territoriales dispositivas, dejar transcurrir el momento procesal oportuno puede impedir discutir después ese defecto.

Puede ampliar esta cuestión en las guías sobre la declinatoria en el proceso civil y las consecuencias de presentar una demanda ante un tribunal incompetente.

Un requisito distinto de la competencia: la negociación previa

En el régimen vigente, con carácter general debe intentarse previamente una actividad negociadora mediante un medio adecuado de solución de controversias para que sean admisibles los procesos declarativos del libro II y los procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Existen materias exceptuadas legalmente.

Este requisito no decide qué tribunal es competente. Afecta a la admisibilidad de la demanda. Cuando sea exigible, la demanda debe reflejar y, cuando proceda, documentar el intento de negociación previa; la falta del requisito o de la documentación legalmente exigida puede provocar la inadmisión.

Por tanto, son comprobaciones diferentes: primero hay que identificar el tribunal y la Sección competentes; además, debe verificarse si la acción requiere actividad negociadora previa o entra en una excepción legal.

Datos y documentos útiles para justificar la competencia

La demanda debe contener los datos necesarios para fundamentar la competencia. Según el tipo de litigio, pueden ser relevantes los siguientes documentos o elementos:

• La demanda, con los hechos, fundamentos y petición que permitan identificar la acción ejercitada.
• Documentos que aclaren la naturaleza de la relación y de la pretensión: contrato, título, escritura, certificación registral, atestado u otros que resulten pertinentes.
• Información disponible sobre el domicilio o residencia de la parte demandada.
• Documentos que sitúen el inmueble, el lugar del hecho o el lugar de cumplimiento de la obligación cuando de ello dependa un fuero especial.
• La acreditación del intento de actividad negociadora previa si constituye requisito de procedibilidad.
• Si se plantea declinatoria, los documentos o principios de prueba en que se funde y, en caso de objeción territorial, la indicación del tribunal que se considera competente.

Qué hechos pueden cambiar la respuesta

No es posible identificar un tribunal concreto sin conocer los datos del caso. En particular, pueden modificar la respuesta la pretensión exacta, el tipo de procedimiento, el domicilio de las partes, la ubicación de un inmueble, el lugar del daño o de cumplimiento, la presencia de una empresa con establecimiento relevante, la existencia de varios demandados o acciones acumuladas y una cláusula de sumisión válida.

También es importante comprobar si interviene una persona consumidora, si se trata de un contrato de adhesión, si el asunto debe tramitarse por juicio verbal o si tiene dimensión internacional. Cuando hay un elemento extranjero, antes de aplicar los fueros territoriales internos pueden resultar aplicables reglamentos de la Unión Europea, convenios internacionales o normas españolas de competencia judicial internacional.

El Derecho civil autonómico o especial puede ser relevante para determinar la acción material ejercitada y, en determinados supuestos, el fuero aplicable. No debe suponerse que el Código Civil común agota el régimen jurídico de todos los asuntos civiles.