Cómo obtener prueba en otro país de la UE para un proceso civil en España

Información operativa comprobada el 22 de septiembre de 2026. Antes de transmitir una solicitud real conviene confirmar el texto vigente, los formularios, el estado del sistema informático y la ficha del Estado requerido en la fecha efectiva de presentación.

Qué mecanismo se aplica

El Reglamento (UE) 2020/1783 regula la cooperación para obtener pruebas en materia civil o mercantil entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Se aplica desde el 1 de julio de 2022 y sustituyó al Reglamento 1206/2001.

Antes de preparar una petición deben comprobarse cuatro cuestiones: que exista un proceso español iniciado o previsto, que el asunto sea civil o mercantil, dónde debe practicarse la prueba y qué diligencia se necesita. La nacionalidad de la persona, empresa o testigo no decide por sí sola el instrumento aplicable: lo determinante es, en especial, el lugar en el que ha de obtenerse la prueba.

Si la prueba está en un Estado que no pertenece a la Unión Europea, tampoco se utiliza el Reglamento. Habrá que comprobar primero si el Convenio de La Haya de 1970 vincula a España y al otro Estado en su relación bilateral, así como las reservas y canales admitidos. En defecto de convenio aplicable, pueden entrar en juego otro tratado y, subsidiariamente, la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil.

Las tres vías para obtener la prueba

La elección no es puramente formal. Puede cambiar según se necesite coerción o comparecencia voluntaria, el tipo de prueba, la disponibilidad técnica, la necesidad de intérprete, la participación de las partes y las condiciones comunicadas por el Estado requerido.

Pasos para cursar la solicitud desde España

1. Localizar la prueba. Debe identificarse el Estado donde se encuentra la persona, el documento, el objeto o el lugar que será inspeccionado. Si es posible, también conviene concretar la localidad o demarcación judicial.
2. Definir la diligencia. Se precisan el tipo de prueba y su relación con los hechos controvertidos: por ejemplo, las preguntas para un testigo, los extremos de una pericia o la documentación que debe examinarse.
3. Elegir la vía de cooperación. El órgano español debe decidir si solicita la ejecución al órgano judicial extranjero, si interesa obtención directa —incluida una eventual videoconferencia— o si procede otra modalidad admitida.
4. Identificar la autoridad y el idioma. El Atlas Judicial Europeo y la ficha nacional del Estado requerido permiten comprobar el órgano competente, la autoridad para la obtención directa, las lenguas aceptadas y los datos de contacto.
5. Preparar el formulario y la información de apoyo. La solicitud ordinaria utiliza normalmente el formulario A. La obtención directa utiliza el formulario L. Cuando haya videoconferencia u otra tecnología, deben aportarse además los datos técnicos pertinentes, incluidos los previstos para el formulario N.
6. Transmitir la solicitud. Desde el 1 de mayo de 2025, el sistema informático descentralizado es el canal ordinario para las comunicaciones cubiertas por el artículo 7 del Reglamento. Puede recurrirse a un medio alternativo rápido, fiable y seguro si el sistema está interrumpido, la naturaleza de la prueba lo exige o existen circunstancias excepcionales.
7. Seguir la cooperación e incorporar el resultado. El juzgado español debe atender los requerimientos de subsanación, idioma, anticipo o información adicional y, cuando reciba la diligencia, incorporar el acta, declaración, informe, documento o grabación al procedimiento según corresponda.

Qué debe incluir la petición

La solicitud debe permitir al Estado requerido comprender qué proceso existe, qué prueba se pide y cómo debe organizarse. En particular, suelen ser relevantes los siguientes datos:

• identificación del órgano jurisdiccional español, del proceso y del órgano o autoridad requerida;
• descripción concreta de la prueba y de los hechos sobre los que versa;
• identidad y localización de las personas que deban declarar o intervenir, cuando se conozcan;
• preguntas para el interrogatorio o testimonio, o puntos del dictamen pericial;
• lengua aceptada por el Estado requerido y necesidad de traducción o interpretación;
• participación prevista de partes, representantes, abogados o personal judicial;
• necesidad de juramento o promesa, procedimiento especial, videoconferencia u otro medio técnico;
• posibles costes de peritos, intérpretes, medios técnicos y anticipos.

Puede solicitarse que la diligencia se practique con un procedimiento especial del Derecho español o mediante tecnología de comunicación. Sin embargo, el Estado requerido puede no aplicar ese procedimiento si es incompatible con su Derecho o si presenta grandes dificultades prácticas.

Videoconferencia y obtención directa

Cuando se solicite obtención directa para interrogar por videoconferencia a una persona situada en otro Estado miembro, el órgano jurisdiccional requirente debe utilizar videoconferencia u otra tecnología de telecomunicación si está disponible y resulta adecuada para las circunstancias del caso.

La videoconferencia no permite actuar libremente en territorio de otro Estado. La obtención directa exige acudir a la autoridad central o competente del país donde se practicará la diligencia, conforme al régimen de los artículos 19 a 21 del Reglamento. También pueden ser decisivos la citación, la voluntariedad de la intervención, la interpretación, la protección de datos y las garantías procesales aplicables.

En España, la información nacional enlaza la práctica por videoconferencia con las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre interrogatorio de partes, testigos y peritos, e interpretación. Esa información señala como referencia organizativa habitual un margen de treinta a cuarenta y cinco días, pero no es un plazo legal obligatorio ni asegura disponibilidad en un caso concreto.

Plazos de cooperación y costes

La ejecución de una solicitud ordinaria no genera normalmente reembolso de tasas o gastos. No obstante, pueden reclamarse honorarios de expertos e intérpretes, así como gastos derivados de procedimientos especiales o medios técnicos. Para un dictamen pericial puede pedirse una provisión de fondos. La distribución final de esos costes entre las partes se rige por el Derecho del Estado del órgano jurisdiccional requirente.

Si el Estado requerido plantea una negativa

En la obtención indirecta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado en el asunto Aucrinde (C-196/24) que los motivos de negativa del artículo 16 del Reglamento son exhaustivos y deben interpretarse estrictamente. La sentencia se refería a una solicitud de exhumación y toma de muestra genética post mortem.

Ese criterio puede ser relevante si la negativa se basa en una norma sustantiva o en principios fundamentales del Estado requerido, pero no resuelve por sí solo cualquier incidencia. En particular, la obtención directa tiene un régimen propio en el artículo 19, con motivos de denegación distintos, y la sentencia no determina la admisibilidad ni el valor final de una prueba en el proceso español.

Qué hechos pueden cambiar la respuesta

• El país concreto donde se encuentra la prueba: determina el instrumento, la autoridad competente, el idioma y el canal operativo.
• Que el asunto sea realmente civil o mercantil: un asunto penal, administrativo o sujeto a una regulación sectorial puede requerir otro mecanismo.
• La clase de diligencia: no presenta las mismas necesidades una declaración, una pericia, una inspección, la aportación de documentos o la toma de muestras.
• La necesidad de videoconferencia, intérprete, juramento, presencia de las partes o un procedimiento especial.
• La fecha de transmisión y el estado operativo del sistema descentralizado y de los formularios vigentes.
• La posible exigencia de anticipo, en especial cuando intervengan peritos o intérpretes.